Panamá Necesita Leyes Para Proteger a los Periodistas

La Estrella: Sin periodismo no hay democracia y sin periodistas no hay libertad de expresión, recalcó el relator especial sobre esa materia de la CIDH.

En la región hace falta derogar las leyes que penalizan las expresiones de interés público. Si los periodistas están sujetos a la ‘amenaza judicial’ de cárcel o de demandas millonarias, peligra la libertad de expresión por un claro efecto inhibitorio y de autocensura. Así opina el relator especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, que participó en la Conferencia Internacional Anticorrupción de Transparencia Internacional, que terminó este domingo.

Según Lanza, ‘el uso del derecho penal para castigar el periodismo, debe acabar’.

‘No se puede limitar el libre ejercicio del periodismo, incluso cuando las fuentes formales no colaboran en la divulgación de información de interés público. La corrupción se ha filtrado en nuestros sistemas políticos y sin periodismo independiente no hay defensa de la democracia ni los derechos humanos’, estableció Lanza durante una charla titulada ‘La prensa y la ley’, convocada por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin), que se celebró en el marco del foro anticorrupción.

Hay muchos países en la región que ya están avanzando para que sus legislaciones no se conviertan en instrumentos de presión, adelantó, con la referencia de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

En ese sentido, indicó Lanza, Panamá, como país que respeta las libertades fundamentales, ‘debe revisar su elenco de nomas’.

‘La Relatoría tiene un estándar muy claro. Para asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos, despenalizar…eliminar las figuras penales que puedan terminar con los periodistas u opositores o denunciantes, en prisión…eliminar, para la información de interés público, el delito por difamación, injuria o calumnia… de desacato o ese tipo de figura penal, y establecer un régimen civil para determinar la responsabilidad civil que contemple alguna regla como las que recomendamos en nuestra Declaración de Principios. Aplicando nuestra declaración de principios se puede avanzar mucho en la materia’, subrayó el relator, que se declaró a favor de las medidas que empiezan a evaluar en Argentina, Uruguay, República Dominicana, donde se han declarado inconstitucionales una serie de figuras penales sobre el desacato, la injuria y la calumnia.

‘Se ha avanzado en forma fragmentada en la región…hay países que han depenalizado pero no han adecuado su régimen civil, como en México, que ha despenalizado a nivel federal, pero ha mantenido abierta la responsabilidad civil y eso ha provocado que hoy muchos periodistas tengan demandas millonarias que también tienen un efecto inhibitorio. Hace falta una reforma más integral’, subrayó Lanza, quien considera que ‘Panamá tiene la oportunidad de ser un ejemplo en esta materia’.

‘Panamá tiene un desafío importante con la circulación de información sobre empresas privadas pero que afecta al interés publico nacional e internacional, por lo tanto creo que debe haber medidas para proteger a los periodistas que van a requerir información en ese sentido. Se habla cada vez más de algunos casos, en los que, por los bienes públicos que manejan, el sector privado también tiene que tener más transparencia y sería bueno ponerlo sobre la mesa. Yo creo que Panamá debería modificar su legislación penal para no dejar ninguna duda de que no va a estar penalizado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión’, insistió Lanza,

Que no quiso dejar de mencionar la violencia como la ‘más brutal’ de las agresiones contra la libertad de expresión.

En pleno siglo XXI, añadió, todavía mueren periodistas en la región en total impunidad. ‘No pasa nada’, increpó Lanza, tras animar a utilizar los instrumentos jurídicos intercontinentales para denunciar los casos de abuso de poder o intimidación.

‘Nos están ganando la batalla. Defender el periodismo libre, independiente, también es una responsabilidad de la sociedad. Hay que litigar. Hay que trabajar para defender los principios de la democracia’, concluyó.

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